El descubrimiento de seis granadas de guerra de uso exclusivo del Ejército Argentino en zonas afectadas por los incendios en la Patagonia encendió una alarma política y social de enorme magnitud. El hallazgo se produjo en áreas donde el fuego avanzó con fuerza en las últimas semanas y donde ya existían denuncias por posibles focos intencionales.
Desde comunidades mapuches de la región, la reacción fue inmediata y durísima. Referentes locales apuntaron directamente contra el Gobierno nacional y hablaron de una maniobra deliberada. “Nos están quemando el territorio”, sostuvieron, en medio de una creciente desconfianza hacia las autoridades y las fuerzas estatales.
Las granadas encontradas son armamento militar, lo que abre interrogantes inquietantes: cómo llegaron allí, quién las colocó y con qué objetivo. Aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial que vincule a las Fuerzas Armadas con los incendios, el solo hallazgo de este tipo de material en un contexto de desastre ambiental profundiza las sospechas.
En paralelo, fuentes judiciales y ambientales reconocen que la hipótesis de intencionalidad en varios focos de incendio está bajo análisis. No se trata solo de condiciones climáticas extremas: algunos incendios se iniciaron en puntos de difícil acceso y en horarios llamativos, lo que refuerza las dudas.
El Gobierno, por ahora, evita pronunciamientos contundentes y no dio explicaciones claras sobre el origen del armamento hallado. Ese silencio alimenta aún más las versiones y la bronca social, en una Patagonia devastada por el fuego y atravesada por un conflicto que ya no es solo ambiental, sino también político.
Mientras tanto, la pregunta queda flotando y es cada vez más incómoda: quién se beneficia con una Patagonia en llamas y por qué aparece armamento de guerra en medio del desastre.
