
Un especialista afirma que la acusación contra Juan Domingo Perón y una menor fue construida sin pruebas firmes
La figura de Juan Domingo Perón vuelve a quedar en el centro de una controversia histórica que atraviesa décadas. Esta vez, a partir de una investigación que sostiene que una de las acusaciones más graves que pesan sobre el ex presidente —la supuesta relación con una adolescente de 14 años— carece de respaldo documental sólido y habría sido construida en un contexto de persecución política tras su derrocamiento en 1955.

El planteo fue desarrollado por el investigador Ignacio Cloppet, miembro de la Academia Nacional de la Historia, quien revisó documentación vinculada al expediente elaborado por el Tribunal Superior de Honor del Ejército luego del golpe que puso fin al segundo mandato de Perón. Según su análisis, ese expediente presenta inconsistencias formales y ausencia de elementos probatorios concluyentes.

El caso involucra a Nelly Rivas, una joven que integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), organización impulsada durante el peronismo. Tras la llamada Revolución Libertadora, el vínculo entre Perón y Rivas fue utilizado como uno de los ejes centrales de las acusaciones públicas contra el líder depuesto.

Cloppet sostiene que la documentación difundida en ese momento fue elaborada en un clima político atravesado por la necesidad de desacreditar al ex mandatario. En ese contexto, afirma, los estándares de rigurosidad jurídica e histórica quedaron subordinados a la disputa de poder.
Uno de los puntos centrales del análisis es la revisión de los testimonios incluidos en el expediente militar. Según el investigador, ninguno de ellos describe de manera fehaciente una relación sentimental o sexual. En varios casos, los relatos se limitan a mencionar encuentros en ámbitos oficiales o actividades vinculadas a la UES.
Además, el especialista cuestiona la validez formal del expediente. Señala la falta de firmas en algunos tramos, inconsistencias en la certificación de documentos y la ausencia de pruebas materiales que respalden las imputaciones más graves.

La acusación, sin embargo, trascendió aquel momento político y se consolidó con el paso del tiempo como parte de un relato repetido en ámbitos mediáticos y académicos. Para Cloppet, esa reiteración terminó otorgándole una apariencia de verdad histórica que no necesariamente se corresponde con la evidencia disponible.
El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo se construyen las memorias públicas en contextos de alta conflictividad política. La caída de Perón en 1955 no solo implicó un cambio de gobierno, sino también un proceso de revisión —y en muchos casos, de impugnación— integral de su figura y de su legado.

En ese escenario, la denuncia sobre Nelly Rivas ocupó un lugar simbólico potente. Más allá de su veracidad, funcionó como un elemento de impacto en la opinión pública, capaz de erosionar la legitimidad moral del líder derrocado.
El análisis presentado ahora no pretende clausurar la discusión, sino invitar a una revisión crítica de las fuentes. La historia argentina del siglo XX está atravesada por relatos contrapuestos, documentos incompletos y lecturas ideologizadas que exigen un trabajo constante de verificación.
El caso también pone en evidencia la tensión entre memoria, política e investigación académica. Cuando las figuras en cuestión son líderes de peso histórico, cualquier afirmación adquiere un carácter explosivo y demanda un estándar probatorio especialmente riguroso.

La figura de Perón sigue siendo objeto de interpretaciones antagónicas. Para algunos, es el líder que transformó la estructura social argentina; para otros, representa un proyecto político autoritario y conflictivo. Esa polarización también condiciona la lectura de los episodios más controvertidos de su vida personal.
En ese marco, la revisión de expedientes y archivos adquiere una relevancia particular. La pregunta no es solo qué ocurrió, sino también cómo y por qué determinadas versiones se consolidaron con el paso del tiempo.

La investigación de Cloppet plantea que, al menos en este caso específico, no existirían pruebas concluyentes que permitan sostener la acusación como un hecho histórico comprobado. Esa afirmación no elimina la controversia, pero introduce un elemento clave: la necesidad de distinguir entre documentación verificable y construcción política del relato.
El debate, lejos de cerrarse, reabre una discusión profunda sobre la relación entre historia y poder en la Argentina. Y recuerda que, cuando se trata de acusaciones de extrema gravedad, la exigencia de pruebas no es un detalle técnico, sino una condición indispensable para cualquier afirmación responsable.
FUENTE INFOBAE
