
El gobierno de Martín Llaryora vuelve a mostrar su cara más cruel en pleno receso de verano, dejando a cientos de familias docentes en la incertidumbre total, sin trabajo y sin salario.
Durante las jornadas del miércoles 14 y jueves 15 de enero, desde UEPC Capital se acompañó a docentes de nivel inicial y primario que fueron dadas de baja de manera arbitraria por el Ministerio de Educación de Córdoba. Docentes que tomaron sus cargos por acto público, como corresponde, y que hoy figuran inexplicablemente como “fuera de padrón” por errores en el sistema CiDi.
Según explicó Daniel Salazar, secretario suplente de Media y Modalidades, la situación es grave y urgente. Desde el gremio se exigió al Ministerio que resuelva de inmediato los errores administrativos, reincorpore a las compañeras a sus cargos y garantice el pago de los salarios que hoy están en riesgo. Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido el silencio.
El problema afecta a más de 175 docentes suplentes e interinas de Córdoba Capital. Todas cumplieron los pasos formales, todas asumieron cargos legítimos, pero el propio Estado provincial las dejó afuera por fallas del sistema que nadie se hace cargo de corregir. Meses de reclamos, notas y pedidos formales no alcanzaron para que el Ministerio asuma su responsabilidad.
Mientras tanto, las docentes no saben si van a cobrar, no saben si conservarán sus cargos y sienten que se aprovechan del silencio mediático. No se trata de un caso aislado ni de un error menor: son más de cien familias que quedaron a la deriva en pleno enero, cuando todo cuesta más y las respuestas no llegan.
La situación es tan grave que las propias docentes advierten que, si no hay soluciones inmediatas, se verán obligadas a movilizarse para que este escándalo salga a la luz. No es un reclamo individual, es colectivo, y tiene que ver con derechos laborales básicos y con la defensa de la educación pública.
El ajuste también se hace en vacaciones. Y, una vez más, el gobierno de Llaryora elige que lo paguen los docentes.
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