El periodista Mauro Federico reveló que el juez Daniel Rafecas ordenó un allanamiento en las cocheras del edificio donde funciona Carnaval, el canal de streaming que viene incomodando al poder. El objetivo formal de la medida fue la búsqueda de “supuestos autos de lujo”, un argumento que desde el canal consideran, como mínimo, llamativo.
Según explicó Federico, desde hace semanas existe una operación mediática sistemática para vincular a Carnaval con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sin que hasta ahora se haya presentado una sola prueba concreta que respalde esa acusación. La asociación forzada comenzó a repetirse en distintos espacios y terminó desembocando en una decisión judicial que despertó más dudas que certezas.
Desde el propio canal fueron contundentes. “Nos vinculan porque rompemos las bolas, nos quieren callar”, sentenció Mauro Federico, dejando en claro que el allanamiento es leído como una represalia directa contra un medio que no se disciplina y que incomoda con su contenido.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate profundo: qué pasa cuando el periodismo molesta, quién decide hasta dónde se puede hablar y qué herramientas se usan para disciplinar a quienes no aceptan bajar el tono. En este contexto, el allanamiento a Carnaval aparece menos como una investigación seria y más como una advertencia.
Mientras tanto, las preguntas siguen abiertas y el mensaje parece claro para muchos: cuando un medio crece, tiene audiencia y no se calla, el poder empieza a moverse.
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