El Profe Tissera 
En medio de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan, el propio centro de salud decidió llevar a la Justicia a la emisora Futurock y a la periodista Julia Mengolini por haber hecho una transmisión en vivo con testimonios de trabajadores y familias que reclaman por la salud pública.
La medida judicial fue anunciada primero por Manuel Adorni en X, antes que el propio hospital confirmara la denuncia con un comunicado oficial. La acusación apunta a la transmisión del paro y la movilización del jueves 17, donde Futurock dio espacio a quienes sufren el vaciamiento del hospital.
El argumento oficial es que se “vulneró la privacidad de niños, familias y personal de salud” y que se “entorpeció la dinámica habitual” del hospital. Sin embargo, esta justificación no se sostiene cuando semanas antes el ministro de Salud, Mario Lugones, aseguraba en redes que el hospital funcionaba con “normalidad”.
Lo que sí queda claro es que hay más de 200 renuncias en el Garrahan desde que el gobierno de Milei está al mando, producto de los bajos salarios y la precarización laboral. Mientras tanto, la denuncia judicial parece más un intento por silenciar las voces que denuncian esta realidad que una verdadera preocupación por la privacidad o el orden.
Como bien lo expresó Bárbara Acevedo, enfermera del Garrahan: “Quienes vacían el hospital atacan a quienes difunden nuestra lucha. Cínicos”.
Este ataque a la libertad de expresión sucede justo en plena campaña electoral, intentando opacar la masiva movilización del jueves donde miles de familias, trabajadores de la salud y otros sectores públicos se hicieron escuchar.
Mientras tanto, el ministro Lugones, empresario de la salud privada, sigue sin recibir a quienes reclaman salarios dignos, un aumento que llegue al menos a la canasta básica familiar, algo que hoy está muy lejos de la realidad.
El plan parece claro: vaciar el hospital público para que las infancias más vulnerables tengan que atenderse en clínicas privadas, donde pagar es la única opción.
Por eso, este intento de callar a Futurock y Mengolini es mucho más que una denuncia: es un claro síntoma de un gobierno cada vez más autoritario que busca acallar las voces que denuncian sus ataques a la salud pública.