El Profe Tissera 
La jornada de protesta frente al Concejo Deliberante de Quilmes terminó en un fuerte escándalo político e institucional luego de que militantes y trabajadores fueran reprimidos por la Policía Bonaerense mientras se debatía una ordenanza vinculada al estacionamiento medido en el distrito. El operativo policial, habilitado por la intendencia, desató un repudio inmediato de organizaciones sociales y dirigentes políticos, entre ellos Juan Grabois, que apuntó directamente contra la gestión de la intendenta Mayra Mendoza.
La movilización se desarrollaba en el marco del tratamiento de una iniciativa municipal que, según denuncian los manifestantes, avanzaría hacia una privatización “amañada” del sistema de estacionamiento medido, afectando a trabajadores informales que hoy encuentran allí una forma de subsistencia. En un contexto social atravesado por la crisis económica, el reclamo buscaba visibilizar la falta de diálogo previo y el impacto social de la medida.
La tensión escaló cuando la Policía Bonaerense intervino para dispersar la protesta. Hubo forcejeos, golpes y detenciones, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Para muchos de los presentes, la respuesta estatal resultó desproporcionada y provocadora, especialmente por producirse a pocos días de las fiestas y en un escenario de creciente deterioro social.
Juan Grabois fue uno de los dirigentes que reaccionó con mayor dureza. A través de un extenso mensaje público, denunció que la intendencia de Quilmes “habilitó junto a la Bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social”, y remarcó que no se trata de una disputa interna del peronismo. “La interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social, se cruza una línea roja”, expresó.
Uno de los puntos más graves señalados por Grabois fue la detención de Amanda, una trabajadora de prensa que se encontraba realizando cobertura periodística de la protesta. Según denunció, la comunicadora fue detenida en pleno operativo represivo, lo que encendió alarmas sobre el respeto a la libertad de expresión y el derecho a informar en contextos de conflictividad social. “Exigimos su libertad”, reclamó de forma contundente.
El dirigente social también fue categórico al calificar el accionar del Estado municipal. “Pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”, sostuvo, en una frase que condensó el malestar de amplios sectores frente a una respuesta basada en la fuerza y no en el diálogo. En su mensaje, advirtió además que la ocupación de cargos dentro de una estructura política “no da patente de corso para abusar del poder”.
Desde el oficialismo local, el silencio inicial y las justificaciones posteriores no lograron desactivar la polémica. La gestión municipal sostuvo que la intervención policial respondió a incidentes durante la protesta, pero evitó dar precisiones sobre la detención de la trabajadora de prensa y sobre los mecanismos de diálogo previo con los sectores afectados por la ordenanza.
El episodio dejó expuestas no solo las tensiones internas dentro del campo nacional y popular, sino también un debate de fondo sobre cómo se gestionan los conflictos sociales en tiempos de crisis. Como advirtió Grabois, cuando “la miseria campea”, los conflictos locales y provinciales son inevitables, y la represión como respuesta corre el riesgo de transformarse en una práctica habitual si no hay una rectificación política a tiempo.
La situación en Quilmes no es un hecho aislado. Funciona como una señal de alerta sobre los límites del poder institucional frente al reclamo social y sobre las consecuencias de reemplazar el diálogo por el bastón. La expectativa ahora está puesta en la liberación de la trabajadora detenida y en que el conflicto no se profundice, aunque las heridas políticas abiertas difícilmente cicatricen rápido.
