
El conflicto docente en Córdoba suma un nuevo capítulo de máxima tensión. Desde UEPC Capital denunciaron que el gobierno de Martín Llaryora avanzó con la quita de licencias gremiales, una medida que —advierten— apunta directamente contra la organización sindical en la capital.
Para entender la gravedad del reclamo hay un dato clave: el sistema de licencias gremiales no es nuevo ni excepcional. Forma parte del funcionamiento histórico del sindicato desde hace más de 70 años, permitiendo que compañeros y compañeras con responsabilidades sindicales puedan dedicarse a la organización, representación y defensa de los derechos docentes.
En ese marco, lo que denuncian desde el sector es que la decisión no es administrativa sino política. Y aparece en un contexto particular: en la delegación Capital conduce un espacio distinto a la histórica agrupación Celeste, que ha dirigido el sindicato durante décadas a nivel provincial.
El dato central es el alcance concreto de la medida: las licencias retiradas corresponden a compañeros y compañeras con funciones directivas que sostienen el trabajo gremial cotidiano en la delegación Capital. Es decir, quienes garantizan la organización en las escuelas, la canalización de reclamos y la presencia sindical en el territorio.

Según señalan, la quita no impacta de igual manera en toda la estructura, lo que refuerza la denuncia de una medida dirigida específicamente contra un sector.
El contexto es reciente y todavía caliente. La decisión llega después de una paritaria docente que ya fue cerrada, pero que estuvo marcada por un fuerte rechazo en sectores de la base, movilizaciones y un clima de alta conflictividad. Durante ese proceso, se denunciaron episodios de represión en protestas y la presencia de policías de civil en asambleas, generando un fuerte repudio en la docencia.
En ese escenario, la quita de licencias es interpretada como un intento de disciplinamiento: limitar la capacidad de organización de un sector que viene cuestionando tanto al gobierno como a la conducción provincial del gremio.
El efecto es inmediato: sin estas licencias, se dificulta el funcionamiento gremial en la capital, la coordinación entre escuelas y la defensa cotidiana de los derechos docentes.
Desde UEPC Capital llamaron a las escuelas a pronunciarse, organizarse y exigir la restitución inmediata de las licencias gremiales. El conflicto, lejos de cerrarse, abre un nuevo frente en la disputa por la representación sindical.

