Denuncian a Llaryora por espionaje: los docentes cordobeses dijeron basta y fueron a la Justicia
El Profe Tissera 
UEPC Capital presentó una denuncia penal contra el gobernador, el ministro de Seguridad y la cúpula policial.
Que una asamblea sindical sesione rodeada de policías no es una metáfora. El lunes 20 de abril, la sede de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), sobre la calle San Jerónimo, amaneció vallada, custodiada por centenares de efectivos armados y con la cuadra entera cortada al tránsito. Adentro, lo que nadie esperaba: policías vestidos de civil mezclados entre los delegados, presenciando en silencio una asamblea que, por ley y por derecho, les estaba prohibido pisar.
Por eso, días después, la delegación Capital de UEPC hizo lo que pocos sindicatos se atreven: denunció penalmente al gobernador Martín Llaryora, al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y al jefe de la Policía provincial. La acusación es concreta y grave — represión, infiltración y espionaje ilegal sobre una organización sindical en pleno ejercicio de sus funciones.
Lo que pasó adentro del recinto
«Nos encontramos con efectivos vestidos de civil presenciando una asamblea de trabajadores y usurpando un espacio propio de la organización sindical», declaró Franco Boczkowski, secretario general de UEPC Capital. La presencia de agentes encubiertos en el interior del edificio gremial es el punto más sensible de la denuncia y el que más repercusión tuvo en el mundo sindical cordobés.
Pero la jornada había empezado mal mucho antes. Según el relato de los propios dirigentes, la asamblea se desarrolló en un «virtual estado de sitio»: el vallado policial impedía el libre acceso de docentes y delegados, y al menos un delegado departamental fue detenido cuando intentaba ingresar para cumplir su mandato de representación. El operativo, lejos de ser un simple resguardo de seguridad, apuntaba a condicionar la votación de una paritaria que las bases venían rechazando mayoritariamente.
«Nos remite a las épocas más oscuras»
La secretaria general adjunta de UEPC Capital, Graciela Güell, fue la que puso en palabras lo que muchos pensaban. «Esto realmente da zozobra. Nos remite a las épocas más oscuras de nuestra historia como país», dijo al anunciar la presentación de la denuncia en conferencia de prensa frente a los Tribunales provinciales.
El comunicado oficial de la seccional no dejó margen para la ambigüedad: «Repudiamos el accionar represivo de las fuerzas comandadas por Llaryora y Quinteros, responsabilizamos al gobierno provincial de este ataque a la organización sindical y denunciamos penalmente a las autoridades correspondientes.»
La denuncia judicial apunta a que la Justicia investigue si el operativo del 20 de abril constituyó una violación a la libertad sindical y qué responsabilidad política le cabe al Ejecutivo provincial en su diseño y ejecución.
La represalia: sin licencias gremiales
Si la denuncia era el conflicto, lo que vino después fue la escalada. En los días siguientes, el gobierno de Llaryora — con la presunta complicidad de la conducción provincial del gremio encabezada por Roberto Cristalli — dio de baja las únicas cuatro licencias gremiales con las que contaba UEPC Capital. Entre ellas, la del propio Boczkowski.
El dato de fondo hace más escandalosa la medida: la delegación Capital debería contar con 17 licencias gremiales. Desde hace tiempo solo recibía cuatro. Ahora, ninguna. Sin licencias, los dirigentes de la seccional deben volver a sus aulas y sostener la actividad gremial fuera de su horario laboral, a pulmón y de su propio bolsillo.
Para UEPC Capital, el mensaje es claro: «Esta es una acción de represalia contra la docencia que dio una pelea ejemplar a lo largo de toda la provincia.»
El contexto: una paritaria que olía a trampa
Todo este conflicto tiene un origen concreto. Después de meses de paros, asambleas y rechazos consecutivos, la UEPC aceptó en esa jornada del 20 de abril — la más tensa de todas — la cuarta propuesta salarial del gobierno: 80 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones. UEPC Capital sostiene que esa votación estuvo viciada desde su origen por la presión policial, la detención de un delegado y la presencia de agentes encubiertos que jamás debieron estar ahí.
El acuerdo firmado cubre el período febrero 2026 – enero 2027, con aumentos mensuales que el sector combativo del gremio considera insuficientes para sacar a los docentes cordobeses de la línea de pobreza.
Una causa que puede sentar precedente
Que un sindicato lleve a la Justicia a un gobernador, a su ministro de Seguridad y a la cúpula policial por espionaje dentro de un recinto gremial es, en el mapa sindical argentino, un hecho de enorme gravedad institucional. La causa está en curso y la pregunta que se instala en el ambiente sindical de Córdoba es simple: ¿cuánto más puede escalar esto?
Por ahora, el gobierno de Llaryora no respondió públicamente a la denuncia penal.